LOS DERECHOS DEL PACIENTE


Derechos del Paciente

     

Ley Básica

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica

 

La protección del derecho constitucional a la salud exige la adopción de medidas en materia de información y documentación clínica que no fueron en su momento desarrolladas por la Ley General de Sanidad.

Cuando son ya varias las comunidades autónomas que han dictado normas propias sobre dichas cuestiones, el Gobierno ha tomado la decisión de impulsar definitivamente la regulación a nivel estatal y con carácter básico de los derechos y obligaciones de pacientes y profesionales en materia de información y documentación clínica, con el objeto de ofrecer a todos los ciudadanos del Estado las mismas garantías.

La nueva regulación plasma a nivel legislativo el principio de autonomía del paciente como base de la atención sanitaria, reconociendo, por ejemplo, el derecho a no ser informado o el derecho a ser informado, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, incluso en caso de incapacidad del paciente.

La información se proporcionará, como regla general, de forma verbal, dejando constancia en la historia clínica, si bien será precisa la forma escrita ante intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, cuando el procedimiento suponga riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Se introduce la figura del consentimiento por representación y se regulan a nivel estatal las instrucciones previas o testamento vital, a la vez que se ordena la creación de un Registro Nacional de Instrucciones Previas que garantice su operatividad en todo el territorio nacional.

Finalmente, y en consonancia con el carácter básico de la ley, se regulan el contenido mínimo de la historia clínica, la obligación de conservación de la misma que podrá hacerse en soportes distintos del original, es decir, en soportes informáticos, y la obligación del Ministerio de Sanidad de implantar un sistema de compatibilidad que facilite el uso de las historias en todos los centros asistenciales y evite el coste de recursos que supondría repetir innecesariamente distintas pruebas médicas.

Un amplio estudio de la norma, que entrará en vigor el 15 de mayo de 2003, en el que se realiza un análisis práctico de la misma puede ser consultado en este mismo número de ADS, Informes.

 

   

Ley Atencion al paciente

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
(BOE núm. 274, de 15-11-2002, pp. 40126-40132)
[Incluye modificación del apartado 4 del artículo 9 por Disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010, pp. 21001-21014)].
[Incluye modificación de artículo 16, por Disposición final tercera de Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5-10-2011, pp. 104593-104626)].
Exposición de motivos  
Capítulo I. Principios generales Arts. 1-3
Capítulo IIEl derecho de información sanitaria Arts. 4-6
Capítulo IIIDerecho a la intimidad Arts. 7
Capítulo IVEEl respeto de la autonomía del paciente Arts.8-13
Capítulo VLa historia clínica Arts.14-19
Capítulo VIInforme de alta y otra documentación clínica Arts.20-23
Disposiciones Adicionales 1-6
Disposición transitoria única  
Disposición derogatoria única  
Disposición final única  
JUAN CARLOS 1ont>
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales se pone de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por los mismos casi todas las organizaciones internacionales con competencia en la materia. Ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones Unidas, UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, o, más recientemente, la Unión Europea o el Consejo de Europa, entre muchas otras, han impulsado declaraciones o, en algún caso, han promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o específicos relacionados con esta cuestión. En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia de la Declaración universal de derechos humanos, del año 1948, que ha sido el punto de referencia obligado para todos los textos constitucionales promulgados posteriormente o, en el ámbito más estrictamente sanitario, la Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, promovida el año 1994 por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, aparte de múltiples declaraciones internacionales de mayor o menor alcance e influencia que se han referido a dichas cuestiones.
Últimamente, cabe subrayar la relevancia especial del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina), suscrito el día 4 de abril de 1997, el cual ha entrado en vigor en el Reino de España el 1 de enero de 2000. Dicho Convenio es una iniciativa capital: en efecto, a diferencia de las distintas declaraciones internacionales que lo han precedido, es el primer instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscriben. Su especial valía reside en el hecho de que establece un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina. El Convenio trata explícitamente, con detenimiento y extensión, sobre la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, persiguiendo el alcance de una armonización de las legislaciones de los diversos países en estas materias; en este sentido, es absolutamente conveniente tener en cuenta el Convenio en el momento de abordar el reto de regular cuestiones tan importantes.
Es preciso decir, sin embargo, que la regulación del derecho a la protección de la salud, recogido por el artículo 43 de la Constitución de 1978, desde el punto de vista de las cuestiones más estrechamente vinculadas a la condición de sujetos de derechos de las personas usuarias de los servicios sanitarios, es decir, la plasmación de los derechos relativos a la información clínica y la autonomía individual de los pacientes en lo relativo a su salud, ha sido objeto de una regulación básica en el ámbito del Estado, a través de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
De otra parte, esta Ley, a pesar de que fija básica mente su atención en el establecimiento y ordenación del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo, dedica a esta cuestión diversas previsiones, entre las que destaca la voluntad de humanización de los servicios sanitarios. Así mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual, de un lado, y, del otro, declara que la organización sanitaria debe permitir garantizar la salud como derecho inalienable de la población mediante la estructura del Sistema Nacional de Salud, que debe asegurarse en condiciones de escrupuloso respeto a la intimidad personal y a la libertad individual del usuario, garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios que se prestan y sin ningún tipo de discriminación.
A partir de dichas premisas, la presente Ley completa las previsiones que la Ley General de Sanidad enunció como principios generales. En este sentido, refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía del paciente. En particular, merece mención especial la regulación sobre instrucciones previas que contempla, de acuerdo con el criterio establecido en el Convenio de Oviedo, los deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del ámbito del consentimiento informado. Asimismo, la Ley trata con profundidad todo lo referente a la documentación clínica generada en los centros asistenciales, subrayando especialmente la consideración y la concreción de los derechos de los usuarios en este aspecto.
En septiembre de 1997, en desarrollo de un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y Consumo, tuvo lugar un seminario conjunto sobre información y documentación clínica, en el que se debatieron los principales aspectos normativos y judiciales en la materia. Al mismo tiempo, se constituyó un grupo de expertos a quienes se encargó la elaboración de unas directrices para el desarrollo futuro de este tema. Este grupo suscribió un dictamen el 26 de noviembre de 1997, que ha sido tenido en cuenta en la elaboración de los principios fundamentales de esta Ley.
La atención que a estas materias otorgó en su día la Ley General de Sanidad supuso un notable avance como reflejan, entre otros, sus artículos 9, 10 y 61. Sin embargo, el derecho a la información, como derecho del ciudadano cuando demanda la atención sanitaria, ha sido objeto en los últimos años de diversas matizaciones y ampliaciones por Leyes y disposiciones de distinto tipo y rango, que ponen de manifiesto la necesidad de una reforma y actualización de la normativa contenida en la Ley General de Sanidad. Así, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, califica a los datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, estableciendo un régimen singularmente riguroso para su obtención, custodia y eventual cesión. Esta defensa de la confidencialidad había sido ya defendida por la Directiva comunitaria 95/46, de 24 de octubre, en la que, además de reafirmarse la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, en especial de su intimidad relativa a la información relacionada con su salud, se apunta la presencia de otros intereses generales como los estudios epidemiológicos, las situaciones de riesgo grave para la salud de la colectividad, la investigación y los ensayos clínicos que, cuan do estén incluidos en normas de rango de Ley, pueden justificar una excepción motivada a los derechos del paciente. Se manifiesta así una concepción comunitaria del derecho a la salud, en la que, junto al interés singular de cada individuo, como destinatario por excelencia de la información relativa a la salud, aparecen también otros agentes y bienes jurídicos referidos a la salud pública, que deben ser considerados, con la relevancia necesaria, en una sociedad democrática avanzada. En esta línea, el Consejo de Europa, en su Recomendación de 13 de febrero de 1997, relativa a la protección de los datos médicos, después de afirmar que deben recogerse y pro cesarse con el consentimiento del afectado, indica que la información puede restringirse si así lo dispone una Ley y constituye una medida necesaria por razones de interés general.
Todas estas circunstancias aconsejan una adaptación de la Ley General de Sanidad con el objetivo de aclarar la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias. Se trata de ofrecer en el terreno de la información y la documentación clínicas las mismas garantías a todos los ciudadanos del Estado, fortaleciendo con ello el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución.
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1Ámbito de aplicación
La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.
Artículo 2Principios básicos.
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libre mente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.
Artículo 3Las definiciones legales.
A efectos de esta Ley se entiende por:
Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios.
Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento.
Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.
Historia clínica: el conjunto de documentos que con tienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar cono cimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.
Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.
Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.
Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alter nativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso.
Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.
Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.
Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.
Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.
CAPÍTULO II
El derecho de información sanitaria
Artículo 4Derecho a la información asistencial
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.
Artículo 5Titular del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.
Artículo 6Derecho a la información epidemiológica.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley.
CAPÍTULO III
Derecho a la intimidad
Artículo 7. El derecho a la intimidad.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.
CAPÍTULO IV
El respeto de la autonomía del paciente
Artículo 8Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.
2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
Artículo 9Límites del consentimiento informado y con sentimiento por representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se res petará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su con sentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:
a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible con seguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.
 4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.

[El apartado 4 de este artículo está redactado conforme a la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La redacción anterior era: La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.]
5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Artículo 10Condiciones de la información y consentimiento por escrito.
1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente:
a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
d) Las contraindicaciones.
Artículo 11Instrucciones previas.
1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.
4. Las instrucciones previas podrán revocarse libre mente en cualquier momento dejando constancia por escrito.
5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud.
1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los usuarios del Sistema
Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos.
2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos. Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre sugerencias y reclamaciones.
3. Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo.
Artículo 13Derecho a la información para la elección de médico y de centro.
Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes.
CAPÍTULO V
La historia clínica
Artículo 14Definición y archivo de la historia clínica.
1. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro.
2. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audio visual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.
3. Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción futura.
4. Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental.
Artículo 15Contenido de la historia clínica de cada paciente.
1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.
2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente
2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso cuando dudoso sea el resultado de una necesario resulta el previo consentimiento del paciente
a) La documentación relativa a la hoja clínico- estadística.
b) La autorización de ingreso.
c) El informe de urgencia.
d) La amnesia y la exploración física.
e) La evolución.
f) Las órdenes médicas.
g) La hoja de interconsulta.
h) Los informes de exploraciones complementarias.
i) El consentimiento informado.
j) El informe de anestesia.
k) El informe de quirófano o de registro del parto.
1) El informe de anatomía patológica.
m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
n)  La aplicación terapéutica de enfermería.
ñ)  El gráfico de constantes.
o)  El informe clínico de alta.
Los párrafos b), c), i), j), k), 1), ñ) yo) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.
3. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella.
4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno cono cimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial.
Artículo 16Usos de la historia clínica
1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.
3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.
Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos.
4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.
6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.
7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.
[Apartado 3 del artículo 16 redactado conforme a Ley 33/2011, de 04 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5-10-2011, pp. 104593 - 104626). Para ver la redacción anterior haga click aquí].
Artículo 17La conservación de la documentación clínica.
1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aun que no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas.
3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los pacientes.
4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la unidad de admisión y documentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario.
5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.
6: Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 18Derechos de acceso a la historia clínica.
1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos.
2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.
3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.
Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros.
Artículo 19Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica.
El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley.
CAPÍTULO VI
Informe de alta y otra documentación clínica
Artículo 20Informe de alta
Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas.
Artículo 21El alta del paciente.
1. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alter nativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas.
2. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.
Artículo 22Emisión de certificados médicos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Estos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
Artículo 23Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa.
Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de información clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que requieran los centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la investigación médica y la información epidemiológica.
Disposición adicional primeraCarácter de legislación básica.
Esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1. y 16.a de la Constitución.
El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta Ley.
Disposición adicional segundaAplicación supletoria
Las normas de esta Ley relativas a la información asistencial, la información para el ejercicio de la libertad de elección de médico y de centro, el consentimiento informado del paciente y la documentación clínica, serán de aplicación supletoria en los proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante de órganos, en los de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en los que carezcan de regulación especial.
Disposición adicional terceraCoordinación de las historias clínicas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación y con la colaboración de las Comunidades Autónomas competentes en la materia, promoverá, con la participación de todos los interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad que, atendida la evolución y disponibilidad de los recursos técnicos, y la diversidad de sistemas y tipos de historias clínicas, posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente, en evitación de que los atendidos en diversos centros se sometan a exploraciones y procedimientos de innecesaria repetición.
Disposición adicional cuarta. Necesidades asociadas a la discapacidad.
El Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta Ley.
Disposición adicional quinta. Información y documentación sobre medicamentos y productos sanitarios.
La información, la documentación y la publicidad relativas a los medicamentos y productos sanitarios, así como el régimen de las recetas y de las órdenes de prescripción correspondientes, se regularán por su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en esta Ley en cuanto a la prescripción y uso de medicamentos o productos sanitarios durante los procesos asistenciales.
Disposición adicional sextaRégimen sancionador.
Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI del Título 1 de la Ley 14/1 986, General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria procedentes en derecho.
Disposición transitoria únicaInforme de alta
El informe de alta se regirá por lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de septiembre de 1984, mientras no se desarrolle legalmente lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.
Disposición derogatoria únicaDerogación general y de preceptos concretos.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, concretamente, los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad.
Disposición final únicaEntrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado’,.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 14 de noviembre de 2002.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
JUAN CARLOS R.
 
 

     

Derechos del paciente

 

Derechos del paciente

Acceso a una asistencia respetuosa

Usted tiene derecho a:

  • recibir la asistencia necesaria independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, creencias, valores, idioma, edad, incapacidad o medios de pago
  • recibir una asistencia atenta y respetuosa en un entorno donde no se fume
  • su privacidad
  • hablar a solas con cualquier persona que desee mientras esté en el hospital a menos que su proveedor de asistencia médica determine que eso no le favorece desde el punto de vista médico
  • recibir información acerca de las reglas que afectan a la asistencia que se le presta o a su propia conducta
  • una apropiada evaluación y gestión del dolor
  • que no se le apliquen restricciones que no sean las médicamente necesarias
  • no ser objeto de maltrato o acoso mental o físico.

Participación en las decisiones sobre su asistencia

Tiene derecho a:

  • recibir información sobre su condición, tratamiento y pronóstico, incluso sobre los efectos imprevistos de la asistencia
  • saber quién le está asistiendo y conocer sus cualificaciones profesionales
  • saber quién es el responsable inmediato de su asistencia y sus cualificaciones profesionales
  • obtener formación sobre el uso seguro de sus medicamentos, equipo médico, interacciones potenciales entre alimentos y medicamentos y asesoramiento sobre su nutrición y cambios en sus dietas
  • participar en la planificación, puesta en práctica y revisión de su plan de asistencia, incluido un plan para después de que salga del hospital
  • rehusar el tratamiento siempre que lo permita la ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con usted sobre las posibles consecuencias que puede tener su rechazo a someterse a tratamiento
  • participar en las decisiones sobre su asistencia médica, incluida la declaración de instrucciones previas
  • que no le sea aplicado ningún procedimiento experimental sin su consentimiento
  • saber que el derecho a tomar decisiones sobre su propia asistencia médica no significa que usted pueda solicitar tratamientos y servicios que sean médicamente inadecuados o innecesarios

Acceso a su expediente médico

Tiene derecho a:

  • ver su expediente médico cuando le convenga a usted y al personal. Una vez dado de alta, puede solicitar y obtener una copia de su expediente a un coste razonable.
  • solicitar información de la difusión que se ha hecho de sus datos médicos

Privacidad en la asistencia

  • La confidencialidad de sus expedientes médicos será respetada por parte del personal del hospital. Nadie de fuera del hospital, a parte del médico que le haya enviado, puede recibir una copia de su expediente sin su autorización por escrito. Las excepciones son las que prevé la ley, por traslado de asistencia o según se estipule en relación con terceras partes en el contrato del seguro.
  • Tiene derecho a que se notifique a un miembro de su familia y a su médico particular su ingreso en el hospital.

Dudas sobre su cuidado y la facturación

Tiene derecho a:

  • obtener información sobre su asistencia médica de forma y manera que pueda entenderla
  • a recibir una factura detallada. Se le advertirá sobre los servicios no cubiertos. Si lo solicita, recibirá información sobre ayudas económicas
  • expresar cualquier duda que tenga con relación a la asistencia prestada. Le animamos a que comunique sus dudas o felicitaciones a la persona o departamento de que se trate o a la Oficina de servicio al paciente en el 936-4330, o gratis en el  (877) 285-7788.
  • presentar una queja formal, de manera escrita o verbal, ante la Oficina de servicio al paciente si es que no podemos resolver rápidamente las dudas sobre su asistencia
  • presentar una queja ante el Departamento de Servicios al Consumidor e Industria del Estado de Michigan, en el teléfono  (517) 373-9196; dirección: Agencia de Servicios de Salud, PO Box 30670, Lansing, MI 48909-8170.

   


Invalidez

tipos de Invalidez

Tipos de Invalidez que contempla la seguridad social

 

incapacidad Permanente Parcial:

  • aquélla que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para su  profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la  misma.

Incapacidad Permanente Total:

  • la que inhabilita al trabajador para la realización de  todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda  dedicarse a otra distinta.

Incapacidad Permanente Total "Cualificada":

  • se define igual que la Incapacidad  Permanente Total pero por razones de edad, falta de preparación, circunstancias socio-laborales u otras similares, se presume la dificultad de obtener un empleo distinto  al habitual.

Incapacidad Permanente Absoluta:

  • la que inhabilita por completo al trabajador para  toda profesión u oficio.

Gran Invalidez:

  • la situación del trabajador afectado de Incapacidad Permanente Absoluta a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia  de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestir- se, desplazarse, comer y análogos.        

Pensión de Incapacidad Permanente

Leer el Articulo completo
Procedimiento de pensión de Incapacidad permanente

Grados de Minusvalía

GUIA DE BENEFICIOS DE GRADO DE MINUSVALIA


El objetivo del presente artículo, es realizar un resumen para que los socios de Aspaym, conozcan los diferentes beneficios y derechos que otorga la calificación legal de minusvalía en función del porcentaje asignado por la administración, tanto a nivel fiscal, laboral, así como las diferentes ayudas que otorga tanto el Ayuntamiento de Valencia, como la Generalitat Valenciana, algunas empresas privadas, si bien en estos casos depende de la voluntad de los empresarios que es muy variable.1

BENEFICIOS FISCALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

A) IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS ( IRPF):


1) Definición:

El impuesto sobre la renta de las personas físicas, es un tributo de carácter personal y directo que somete a gravamen las rentas obtenidas por las personas físicas, tomando en consideración sus circunstancias personales y familiares.

2) Beneficios Fiscales:

2.1 Rentas Exentas:

a) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la seguridad social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez2.
b) Las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 18 años o
afectado por una minusvalía igual o superior al 65% ya sean prestaciones contributivas o no contributivas.
c) Las ayudas económicas otorgadas por entidades publicas a personas con un grado de minusvalía superior al 65 % para financiar su estancia en residencias o centros de día3.
d) Las prestaciones por incapacidad permanente no contributiva, así
como los subsidios de granita de ingresos mínimos y de ayuda de 3º
persona.
e) Las indemnizaciones percibidas por daños físicos o psíquicos a personas.

2.2 Reducción de la Base Imponible:



1 Antes de especificar cada uno de los beneficios, tengo que deciros, que las cantidades que en el mismo se indican son de carácter informativo, variables cada anualidad, y en numerosas ocasiones, para la concesión de ciertas ayudas se requiere otros requisitos.
2La exención se refiere a la prestación de la Seguridad Social, y no a cualquier renta del individuo.
3Siempre que sus rentas no excedan del doble del salario mínimo interprofesional, que para el año 2.006, es de 540,90 Euros/mes.


En las rentas de trabajo la reducción general máxima establecida, se incrementa en los siguientes casos:

(a) Si se tiene un grado de minusvalía igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, tenemos que distinguir dos supuestos:

(I) La regla general: incremento que asciende a la cantidad de 2.800 euros.

(II) Excepción: si se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas para los actos esenciales de la vida diaria, o movilidad reducida que esta reconocida en el certificado de grado de minusvalía, la reducción puede llegar ascender a la cantidad de 6.200 euros.

(b) Si se tiene un grado de minusvalía igual o superior al 65 % (el supuesto de la mayoría de los asociados a Aspaym), la cantidad a la que asciende la reducción, es de 6.200 euros.

2.3.-Reducción al contribuyente en general(mínimo personal y familiar):

Se deja exenta de tributación la cantidad que se considera el mínimo imprescindible para hacer frente al sustento básico del individuo y familia.
Esta reducción tiene por objeto excluir del gravamen las cantidades destinadas por el contribuyente a atender sus necesidades vitales, variando estas en función, del número de hijos, de los familiares que se tenga a cargo, etc.
Como regla general el mínimo genérico es de 3.400 euros, que se
incrementa en las siguientes cantidades en función del grado de minusvalía que se ostente:

(a) Las personas, que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, el incremento asciende a la cantidad de
2.000 euros.

(b) Las personas que tengan un grado de minusvalía igual o superior al
65 %, el incremento asciende a la cantidad de 5.000 euros.

2.4.- Reducción por gastos de asistencia de los discapacitados:

Esta reducción que asciende a la cantidad máxima de 2.000 euros, únicamente tienen derecho dos subgrupos:

(1) Aquellas personas que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33 % e inferior al 65 % pero que requieran ayuda de tercera persona para la realización de los actos esenciales de su vida diaria, o tengan reconocida en el grado de minusvalía, movilidad reducida.

(2) Aquellas personas que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 %.

2.5.- Deducción por inversión en vivienda habitual: obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad.

Además de las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda, los contribuyentes con discapacidad o sus familiares, ya sean estos propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios, podrán aplicar esta deducción, cuando efectúan obras e instalaciones de adecuación:

(i) En la vivienda habitual.
(ii) En los elementos comunes del edificio, así como los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública.
(iii) Para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o promoción de su seguridad.

2.6.- Deducciones por aportaciones a Planes de Pensiones:

Existen reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones y planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con minusvalía.

2.7.- Deducción por cuidado de descendientes o ascendientes discapacitados:


Por cada descendiente soltero o ascendiente que sea discapacitado y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 %, se establece una deducción de 300 euros, siempre que el descendiente soltero o ascendiente dependa y conviva mas de 183 días al año natural con el contribuyente, no deba presentar declaración por el impuesto sobre el patrimonio y no tenga rentas brutas anuales superiores a 6000 euros, incluidas las exentas.


2.8.- Deducciones en este Impuesto, que únicamente se tiene derecho, aquellos que tengan su residencia en la Comunidad Valenciana:



i) La cantidad de 160 euros, siempre que el contribuyente sea discapacitado de edad igual o superior a 65 años con grado de minusvalía igual o superior al 33 %.

ii) El tres por ciento de la cantidad de capital invertido (no respecto a los intereses) en la adquisición de una vivienda habitual por los contribuyentes discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 65 %.

B) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO




La inclusión de un mínimo exento más elevado para el supuesto de contribuyentes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 o 65 %.


C) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES


1.- Definición:

Es un tributo estatal de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta obtenida por sociedades y demás entidades jurídicas.
Este impuesto tiene en cuenta las situaciones de discapacidad mediante
el establecimiento de incentivos fiscales a las sociedades y entidades jurídicas sometidas al mismo, y que inciden favorablemente en la contratación de trabajadores con discapacidad.

2.-Beneficios Fiscales:

- Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad
- Deducción por inversiones en plataformas de accesos para personas con discapacidad o en anclajes de fijación de sillas de ruedas instaladas en vehículos de transporte publico de viajeros por carretera.
- Bonificaciones de la cuota del impuesto sobre sociedades aplicables a las cooperativas de trabajo asociado que integren socios con discapacidad.

D) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES4


1.- Definición:

Impuesto que grava solo incrementos patrimoniales obtenidos a titulo gratuito por personas físicas, como consecuencia de adquisiciones de bienes y derechos.

2.- Beneficios Fiscales:

2.1.- Exención:

Las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad (grado de minusvalía igual o superior al 65 %).

2.2.- Reducción de la Base Imponible:




4 Estas reducciones son sobre la base imponible del impuesto en las adquisiciones mortis causa, y son independientes con las que puedan corresponder en función del grado de parentesco, y que habrá que tener en cuenta, teniendo que mirar siempre el caso concreto.

(a) el contribuyente que tenga reconocido un grado de minusvalía comprendido entre el 33 y el 65 % tiene derecho a una reducción de 47.858,59 euros

(b) el contribuyente, que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65 % tiene derecho a una reducción de
150.253,03 euros.


 E) IMPUESTO DE MATRICULACION Y DE CIRCULACION


Esta exenta del abono de este impuesto, toda persona que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que hayan trascurrido más de 4 años desde la anterior matriculación.

II. Que no sea objeto de transmisión durante el plazo de 4 años posteriores a la fecha.

F) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO




vehículos:

Se aplica el tipo súper reducido del 4 % a las siguientes categorías de


- coches para minusválidos.
- sillas de ruedas para uso exclusivo de minusválidos.
- auto taxis o auto turismos especiales
- vehículos a motor de uso exclusivo de personas usuarias de sillas de rueda o con movilidad reducida, así como las reparaciones y adaptación de éstos vehículos5.

Del mismo modo, se aplica también este tipo súper reducido, a las prótesis, ortesis e implantes de personas con minusvalía.

G) IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS


Exención total del este impuesto, para asociaciones de discapacitados sin animo de lucro.

H) TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y TASAS DE TRÁFICO


Exención de las personas discapacitadas del abono de las tasas por derechos de examen para el acceso al empleo público, y tasas de tráfico.





5 Reciente aprobación que requirió, que el adquiriente justifique el destino del vehiculo, y grado de minusvalía superior al 33%, con la oportuna certificación emitida por la Conselleria de Bienestar Social.

OTROS BENEFICIOS DE CARÁCTER NO FISCAL, A LOS QUE SE TIENE DERECHO, POR EL SIMPLE HECHO DE TENER RECONOCIDO UN GRADO DE MINUSVALIA IGUAL O SUPERIOR AL 33%.




1.- DESCUENTO EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS A MOTOR, los cuales dependerán de las diferentes casas de automóviles, siempre y cuando se presente el certificado de minusvalía.

2.- DESCUENTOS EN LA ADAPTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR, dependiendo también de la voluntad de la empresa encargada de realizar la adaptación.

3.- CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ACCESIBILIDAD, O DE MOVILIDAD REDUCIDA, que permite estacionar en zona de habilitación horaria en las plazas reservadas para minusválidos sin coste económico6.

4.- AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE DESARROLLO PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
Son ayudas económicas de carácter individual destinadas a personas con problemas motores o sensoriales y pueden ser destinadas a:
- La eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda propia o el edificio de residencia.
- La adaptación de vehículos a motor.
- La adaptación funcional del hogar y a la adquisición de los útiles necesarios para desenvolverse en la vida ordinaria y que estén directamente relacionados con el tipo de discapacidad de la persona que solicita la ayuda.

5.- AYUDAS PARA LA ATENCIÓN INSTITUCIONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS:

Son prestaciones económicas individualizadas que se conceden con carácter de ayuda o subvención personal y finalista, cuando se han agotado los recursos de carácter individual o comunitario, para atender las necesidades del solicitante que requiere la atención asistencial institucionalizada y se carece de plaza pública o subvencionada en centro residencial adecuado.

6.- BONO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA:




6 Tener en cuenta que recientemente las ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia, como consecuencia de los abusos que se ha producido, únicamente permiten estacionar durante 8 horas, en las zonas de habilitación horaria, que al mismo tiempo sean plazas de minusválidos, y para las restantes plazas reservadas, desaparece el carácter gratuito, para que se tengan que abonar una cantidad inferior que la establecida para cualquier usuario de la zonas habilitadas.

Son ayudas económicas individualizas que se conceden con carácter de ayuda o subvención personal y finalista, destinadas a personas con discapacidad o enfermedad mental crónica, con un determinado nivel de dependencia (según baremo para determinar la necesidad de asistencia de tercera persona), y acreditada necesidad de atención residencial, que no dispongan de medios económicos suficientes.
Se conceden para favorecer el acceso a una plaza en un centro residencial previamente autorizado, con el fin de garantizar el régimen de la estancia y la calidad adecuada en la prestación de servicios.


7.- LA OBTECIÓN DEL LIBRO DE FAMILIA NUMEROSA, para los discapacitados que tengan los siguientes requisitos:

i. Familias de tres o más hijos.

ii. Familias de dos hijos si uno de ellos es minusválidos o incapacitado para el trabajo, es decir tener reconocida una incapacidad absoluta o gran invalidez.

iii. Familias en la que ambos descendientes sean discapacitados para el trabajo, o uno de ellos tenga una minusvalía igual o superior al 65 %.

8.- OBTENCIÓN DE LA TARJETA DORADA DE RENFE, con una minusvalía igual o superior al 65 % con descuentos importantes en las tarifas de los trenes de cercanías y regionales, grandes líneas, TALGO y AVE.

9.- DERECHO A RESERVA DE PLAZA DE OPOSICIONES, que variará en función de la clase de oposición, y habrá que estar en todo momento a las bases de la convocatoria.

10.- CUOTA DE ABONO SOCIAL EN TELEFÓNICA Y ONO, bonificación en la cuota mensual, que suele ser reconocida con una minusvalía superior al 65 por ciento, o 65 años y superior, depende de cada una de las empresas, y suelen reconocerla únicamente a personas jubiladas.

11.- BENEFICIOS Y AYUDAS DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, COMO MAPFRE, MUFACE E ISFAS, con una minusvalía superior al 33 %, siendo otorgadas a voluntad de estas compañías.

12.- PRESTACIÓN FARMACÉUTICA GRATUITA, para aquellos, que cumplan los siguientes requisitos:

¾ Menores de 18 años con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 %.

¾ Mayores de 18 años, que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65 %.

13.- EN MATERIA DE EDUCACIÓN: acceso a programas de garantía social, ayudas individuales, directas para la educación especial, exención de tasas en algunas universidades, apoyos personales para la asistencia a clase en algunas facultes, ayudas al transporte y al comedor.

14.- PRACTICAS DE FORMACIÓN EN CONSELLERIAS.- la Conselleria de Bienestar Social, en el marco de la política dirigida a mejorar y lograr una mejor y mayor especialización de las personas discapacitadas dentro del ámbito profesional y laboral, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la integración laboral de las personas con discapacidades físicas o sensoriales. Se han convocado para este año un total de 35 becas para facilitar la formación complementaria y la realización de prácticas de capacitación, en el ámbito de la administración publica de la Generalitat Valenciana.

15.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO.- Son ayudas para potenciar la accesibilidad en sus diferentes ámbitos, financiando los gastos derivados de la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación que faciliten la accesibilidad a los espacios y edificios de publica concurrencia a todas las personas, así como la elaboración, de planes específicos de actuación para la accesibilidad de los municipios y la adaptación de las playas que permitan su uso y disfrute por parte de la ciudadanía.

16.- BENEFICIO EN MATERIA DE EMPLEO: Se incentivan a las empresas que contraten según las distintas modalidades, teniendo que necesariamente estar el discapacitado en posesión del certificado de minusvalía y están inscrito como demandante de empleo.



Quiero que tengáis en cuenta, que estas ayudas suelen ser objeto de numerosas modificaciones por parte tanto del gobierno estatal, como de los autonómicos y locales, y ni que decir tiene las que dependen de las empresas privadas, por lo que, dada su variabilidad es recomendable siempre hay que ponerse en contacto con los mismos, y explicar las circunstancias concretas de cada uno.
Para finalizar manifestaros que, evidentemente, los beneficios y ayudas aquí expuestas no son una lista cerrada, sino variable siendo susceptible de ser reducida o incrementada.
Si bien hay que reconocer que la labor de las asociaciones como ésta, ha supuesto grandes logros respecto a décadas anteriores, siendo todo susceptible de mejorar, esperando que conforme pase el tiempo se reconozca la realidad de las personas discapacitadas y se obtengan mayores y mas cuantiosos beneficios que los existentes en la actualidad.

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.

Fdo.: Patricia March Aguilar
Abogado

 

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